Tanto en el caso de la compañía italiana como en el de Enagás, la mayor parte de los ingresos están fijados por ley. La empresa española, ahora filial de Gas Natural, controla el 98% del negocio de transmisión de gas en nuestro país. Según explica Carmen Serrats, de Bestinver, las tarifas están fijadas por el Gobierno “y ligadas en parte a la rentabilidad de los bonos a 10 años”. Por eso, la analista asegura que es mejor no invertir “si se esperan bajadas de tipos a medio plazo”, pero matiza que ahora la situación es la opuesta.

Itziar Gómez, de Safei, añade que todo esto convierte a Enagás en una compañía muy segura, con ingresos muy estables y “con mucha visibilidad de resultados, que es lo que los mercados buscan últimamente”. De hecho, la analista afirma que uno de los escasos riesgos que los inversores correrían al colocar su dinero en Enagás son los posibles cambios en la regulación del sector.

Este es precisamente uno de los factores que ha provocado la reciente caída en la cotización de la italiana Snam Rete Gas. Los títulos de esta compañía, que cotizaban a mediados de mayo a 3,2 euros, sufrieron una caída superior al 6% en un solo día al conocerse que el Gobierno de Sicilia impondría un impuesto anual de 130 millones de euros para cubrir los posibles efectos ecológicos de uno de sus gasoductos. Credit Suisse First Boston (CSFB) prevé que el impacto de este impuesto podrá trasladarse íntegramente a las tarifas, y por eso mantiene su recomendación de comprar. Pero, si no fuera así, el banco de inversión calcula que eso restaría un 13% de los beneficios estimados para 2002.

De todos modos, en el caso de Enagás los expertos estiman que el riesgo de que esto ocurra en España es muy limitado. El actual marco regulatorio seguirá vigente hasta 2006 y Serrats explica que “las necesidades de inversión en la red de gasoductos son muy altas”, alrededor de 2.500 millones de euros, y que eso hace poco probable que se produzcan cambios, ya que “hace falta un incentivo fuerte para que se acometan esas inversiones”.

Además, los expertos señalan que el mercado del gas en España es uno de los de mayor potencial de crecimiento en Europa. El año que viene se abre el mercado en España y los consumidores podrán elegir su suministrador. Precisamente, esta apertura del mercado podría disparar el interés de otras empresas del sector energético por participar en la OPV de Enagás.

Javier Suárez, de ING Barings, dice que en el caso de las eléctricas entrar en el accionariado de la distribuidora de gas sería “estratégico”, en buena medida para asegurar el suministro a las centrales térmicas de ciclo combinado, y también “porque podrían captar clientes finales para proveerles de gas”. El analista asegura que las eléctricas podrían aprovechar así las “fuertes convergencias” entre los dos negocios.

En las últimas semanas, sin embargo, compañías como Iberdrola y Unión Fenosa han anunciado que podrían no acudir a la OPV si el precio es excesivo, aunque fuentes del mercado matizan que incluso si esto ocurre no habrá problemas para cubrir el tramo institucional de la OPV.