Los Juegos Olímpicos son uno de los espectáculos más importantes del mundo. Acaso por ello, a muchas personas les entusiasma la idea de convertir a sus ciudades en urbes anfitrionas. Sin embargo, tamaño entusiasmo debería compararse con los costes vinculados a su organización: ¿salen a cuenta las Olimpiadas?
Al respecto, los economistas Robert Baade y Victor Matheson publicaron hace unos meses un detallado estudio sobre los beneficios derivados de la organización de los Juegos: “Going for the Gold: The Economics of the Olympics”. En este ensayo, sendos académicos efectúan un catálogo de los costes y de las ganancias derivadas de este espectáculo deportivo y el saldo resulta, en general, bastante ruinoso para la ciudad anfitriona.
Por el lado de los costes, el municipio debe proporcionar todas aquellas infraestructuras exigidas por el COI: residenciales (un mínimo de 40.000 habitaciones de hotel y una villa olímpica con 15.000 plazas), deportivas (estadios, velódromos, piscina, estación de esquí o pista de patinaje adaptados a los requerimientos olímpicos) y organizativas (seguridad, ceremonia de apertura y cierre o burocracia gestora). Aunque el monto de tales costes pueda ser muy oscilante según la ciudad, éste suele moverse entre los 7.000 y los 15.000 millones de dólares. Por ejemplo, los Juegos de Río costarán 11.000 millones (aunque otras estimaciones lo elevan hasta los 20.000 millones), los de Londres costaron 11.500, los de Atenas, 14.000 y los de Barcelona, 16.000 (todo ello en dólares con poder adquisitivo comparable de 2015). Las Olimpiadas más caras han sido las de Pekín (45.000 millones de dólares) y las más asequibles desde los 80, las de Los Angeles (1.000 millones) y las de Atlanta (3.500 millones).
Por el lado de los ingresos, los hay de carácter directo e indirecto. Los primeros son muy fáciles de medir: nos referimos a las entradas a las competiciones, los patrocinios empresariales y la participación local en los derechos televisivos. Estas cuantías se ubican, como mucho, en los 3.500 millones de dólares, esto es, entre la mitad y una quinta parte del coste directo habitual.
Más difícil resulta, en cambio, estimar los beneficios indirectos: entre ellos suelen mencionarse el aumento de la afluencia turística durante los Juegos, el estímulo económico derivado del gasto público, el uso que proporcionen a las generaciones futuras las instalaciones deportivas y el posicionamiento internacional de la ciudad. Pero los propios autores constatan que estas ganancias indirectas no suelen ser demasiado relevantes: el turismo también se ve negativamente afectado por los Juegos (Pekín y Londres registraron menos turistas que en otros años comparables); el estímulo, incluso desde una perspectiva keynesiana, sólo tendría ciertos efectos positivos en caso de que el desempleo fuera muy elevado; las instalaciones deportivas son demasiado especializadas como para reaprovecharse intensivamente en el futuro y lo habitual es dejar de gastar en su mantenimiento; y el posicionamiento internacional que logra la ciudad organizadora no es mayor que el que obtienen el resto de ciudades aspirantes si lo medimos por aumento de la inversión extranjera o de los flujos comerciales.
En conjunto, pues, el saldo de los Juegos Olímpicos tiende a ser bastante ruinoso para el municipio anfitrión. Sólo en aquellos casos en los que los costes se mantienen atados al mínimo (como Los Angeles o Atlanta), los beneficios resultan probables. Pero para ello habría que pinchar la burbuja política de las Olimpiadas: que los gobernantes locales no utilicen el dinero de los contribuyentes para entrar en una puja alocada ante el COI con el propósito de colgarse una medalla electoralista. Dado que ése es un escenario poco verosímil, por prudencia más valdría alejarnos de organizar cualesquiera Juegos Olímpicos futuros.
La deuda pública, en máximos
La deuda pública española alcanzó en junio los 1,107 billones de euros: cuantía equivalente al 102% del PIB, a 23.850 euros por español o a 60.350 euros por familia. Midamos cómo lo midamos, se trata de la cifra más elevada de nuestra historia que, a su vez, constituye una preocupante losa financiera para nuestro futuro. Sin ir más lejos, cada español ya está abonando como media 715 euros en concepto de intereses por la deuda pública: un importe que probablemente se incremente de un modo muy sustancial en el medio plazo. La nefasta gestión presupuestaria que se ha efectuado durante la crisis ha sido la principal responsable de esta explosión de los pasivos estatales: desde 2007, la deuda pública se ha disparado en más de 700.000 millones de euros, a partes iguales entre las administraciones de Zapatero y de Rajoy. Llegados a este punto, sólo cabe exigir una inmediata reducción del déficit presupuestario para detener la actual sangría de sobreendeudamiento que está hipotecando nuestro bienestar futuro.
Japón: el fracaso de los estímulos
Si hay un país en el mundo que ha tratado de solucionar su depresión económica con más deuda pública, ése ha sido Japón. Desde que su burbuja inmobiliaria y financiera colapsó a principios de los 90, el Estado nipón ha multiplicado los pasivos del Estado desde el 66% del PIB al 250% actual. Nada de ello le ha servido a su economía para levantar cabeza: no en vano, el PIB real de Japón se ha mantenido plano durante los últimos 25 años. Desde finales de 2012, sin embargo, el gobierno del primer ministro Shinzo Abe trató de relanzar el crecimiento del país mediante la implementación de un superlativo plan de estímulos monetarios (el banco central japonés ha comprado desde entonces un volumen de deuda pública equivalente al 50% del PIB). Nada de ello ha funcionado: la semana pasada conocimos que la economía nipona sigue totalmente estancada (no creció nada durante el segundo trimestre de 2016) y no parece que la situación vaya a cambiar en el futuro. Los estímulos no funcionan: las reformas son la clave.
La plaga de los tipos negativos
Por desgracia, tanto en la Eurozona como en Japón, los bancos centrales continúan apostando por agresivas políticas de estímulo monetario. Una de las más heterodoxas, aplicada por ambas instituciones emisoras, ha sido la de los tipos de interés negativos: cobrar a los bancos privados por sus depósitos en el banco central. Desde que semejante medida salió adelante, todo apuntaba a que esos tipos negativos terminarían pagándolos familias y empresas. Y, en efecto, varios bancos japoneses impusieron hace pocos meses un tipo de interés negativo a los depósitos de grandes empresas. A su vez, la semana pasada, una pequeña cooperativa de crédito alemana anunció que empezaría a cobrar intereses a los depositantes que mantuvieran saldos ociosos superiores a los 100.000 euros. Y este viernes, el Postbank (filial del Deutsche Bank) comunicó que los clientes que ingresaran menos de 3.000 euros mensuales pagarían una comisión de 3,9 euros al mes. Al final, la política monetaria expansiva no sólo es ineficaz, sino que termina repercutiendo negativamente sobre los ciudadanos.
Juan Ramón Rallo
juanramonrallo.com
