Un juez federal de Massachusetts ha autorizado a Iberdrola (IBE:MC) a reanudar de inmediato las obras del parque eólico marino Vineyard Wind 1, revocando de forma cautelar la suspensión ordenada en diciembre por la administración de Donald Trump por supuestos motivos de seguridad nacional.
En concreto, el Juzgado del Distrito de Massachusetts, a través del juez Brian E. Murphy, ha concedido una medida cautelar a favor de Vineyard Wind, la sociedad participada al 50% por Avangrid (filial de Iberdrola) y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Esto implica que la orden federal de parar las obras queda en suspenso mientras se resuelve el fondo del litigio, permitiendo retomar construcción, puesta en marcha y actividades asociadas al proyecto. El juez considera que la interrupción podía causar “daños irreparables” al consorcio y critica la falta de explicación razonable del Gobierno sobre el supuesto riesgo para la seguridad nacional.
Origen del conflicto de Iberdrola con la administración Trump
A finales de diciembre, la Oficina de Gestión de las Energías Marinas (BOEM), dependiente del Departamento del Interior, ordenó detener durante 90 días las obras de cinco grandes parques eólicos marinos en la costa Este, incluido Vineyard Wind 1. La administración Trump alegó preocupaciones de seguridad nacional ligadas a la operación de proyectos ‘offshore’ cercanos a sistemas de alerta temprana y radares, pero permitió que Vineyard Wind siguiera generando electricidad con los aerogeneradores ya instalados. Esa dualidad —permitir la operación pero prohibir la construcción— ha sido uno de los puntos más cuestionados por el juez, que la califica de arbitraria y caprichosa.
Vineyard Wind 1 es un parque eólico marino situado frente a las costas de Massachusetts, con un presupuesto aproximado de 4.500 millones de dólares y 62 aerogeneradores previstos. El proyecto está completado alrededor del 95%, con 44 turbinas totalmente instaladas y otras parcialmente montadas, y ya aporta en torno al 70% de la producción eléctrica estimada una vez a pleno rendimiento. En operación parcial, el parque dispone de unos 650 MW capaces de suministrar energía limpia a cerca de 400.000 hogares, con un objetivo final cercano a los 800 MW cuando se complete el 5% pendiente.
Implicaciones del fallo judicial
El fallo supone una primera victoria judicial de Iberdrola frente a la ofensiva regulatoria de la administración Trump contra la eólica marina, que acumula ya varias derrotas en los tribunales por suspensiones similares. Para la compañía española, la reanudación de obras reduce el riesgo de retrasos adicionales, sobrecostes y potenciales penalizaciones contractuales, y refuerza su apuesta estratégica por Estados Unidos como uno de sus principales mercados de renovables. A nivel sectorial, la decisión envía una señal favorable a la industria ‘offshore’ estadounidense, al mostrar que los tribunales están dispuestos a frenar órdenes administrativas consideradas poco justificadas o desproporcionadas.
La autorización judicial es cautelar: el procedimiento seguirá su curso hasta que haya una resolución definitiva sobre la legalidad de la orden de suspensión dictada por el Gobierno federal. Vineyard Wind ha manifestado que continuará trabajando con la administración para lograr una solución rápida y permanente, mientras acelera la instalación de las últimas turbinas y el comisionado final del parque. El foco pasa ahora al calendario efectivo de finalización, a los posibles ajustes de capex y a la evolución de la relación con la administración Trump.
A pesar del fallo judicial, las acciones de Iberdrola cae un 0,85% en estos momentos. En el conjunto del 2026 cotiza, sin embargo, sin cambios, en niveles de cierre de finales del ejercicio anterior.
Análisis realizado por los analistas de XTB
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